Significado de las tecnologías de información libres para el futuro de la sociedad venezolana.

Discusión del Proyecto de Ley de Infogobierno: significado de las tecnologías de información libres para el futuro de la sociedad venezolana.

Santiago Roca y Maricela Montilla

Desde el año 2004, el Estado Venezolano ha venido ejecutando acciones que favorecen el estudio, desarrollo y uso de las tecnologías de información libres en la Administración Pública. No obstante, los mecanismos de adopción de esas tecnologías y el grado de resistencia que se ha encontrado en nuestro funcionariado ha permitido que el nivel de penetración de las mismas no se haya logrado en los términos planteados en aquellos primeros años de puesta en marcha de esta importante iniciativa. Como consecuencia de ello, tenemos instituciones públicas que utilizan, al mismo tiempo, tecnologías de información libres y privativas. El Proyecto de Ley de Infogobierno representa una oportunidad para dejar por sentado que, a partir de la entrada en vigencia de este instrumento jurídico, todo lo concerniente al desarrollo, adopción e implementación de tecnologías de información por parte del Estado deben ser libres. Ello tiene una importancia significativa para la libertad e independencia del pueblo venezolano, así como para la posibilidad de incentivar en nuestra sociedad procesos de creación e invención tecnológica.

Por esto, es importante comenzar por reconocer que el Proyecto de Ley de Infogobierno se levanta sobre una plataforma plenamente pertinente. Su intención básica es establecer las normas y los mecanismos mediante los cuales se establece el uso de software libre en la administración pública nacional. Esto no es poca cosa, especialmente porque – como saben quienes abogan por el uso de software libre en las administraciones públicas – en los contratos de licenciamiento de las aplicaciones privativas se juegan los intereses de negocios de corporaciones cuyas prácticas de lobby y monopolio son bien conocidas. El software libre ha llegado a un nivel de desarrollo y confiabilidad que hace que sea prácticamente incuestionable su utilización por parte de la administración pública, no solamente por el beneficio económico que trae gracias al ahorro del costo de las licencias, sino también porque la posibilidad de que el Estado conserve el control sobre sus herramientas de gestión tiene consecuencias positivas para la seguridad de la información, para el desarrollo educativo en general y para la creación de capacidades tecnológicas en cada sociedad.

La percepción social del Proyecto de Ley de Infogobierno debe trascender la concepción simple de observarla como un mecanismo que facilita la ejecución de trámites administrativos, pues de su espíritu se desprende un sinnúmero de acciones que de seguro contribuirán con la construcción del Proyecto Nacional. Es necesario recordar que el Estado venezolano, a partir de 1999, se propone la reestructuración del esquema institucional que apoya el despliegue de los sectores más importantes del país. En el área de ciencia y tecnología se materializa una enorme transformación que inicia con el otorgamiento de carácter constitucional al quehacer científico-tecnológico y la creación del Ministerio con competencia en la materia. Esto representa, en primer lugar, un abandono de viejos esquemas y, en segundo lugar, la implementación de una estructura institucional que tiene la tarea de formular políticas públicas basadas en la inclusión y la pertinencia social; elementos centrales del proyecto constitucional.

Este proceso ha dado paso a una concepción científico-tecnológica caracterizada por la participación de múltiples actores provenientes de diversos espacios; el reconocimiento a las experiencias, conocimientos y saberes que ostentan, y la ampliación del número de áreas de investigación para desarrollar. Este escenario permite afirmar que Venezuela avanza paulatinamente hacia un estilo científico-tecnológico cuyo eje medular es la sociedad, es decir, que concibe al ciudadano como un sujeto activo que cuestiona críticamente su realidad y colabora en la búsqueda de soluciones o alternativas que mejoren su entorno social.

En este sentido, el Proyecto de Ley de Infogobierno es un instrumento que contribuye con la profundización de este nuevo estilo, pues fomenta la participación popular, acerca el aparato gubernamental a la sociedad y promueve el desarrollo de iniciativas tecnológicas nacionales, como mecanismos para aportar al cultivo de una sociedad democrática, participativa y protagónica.

Como consecuencia, es importante observar que la aprobación del uso de software libre en la administración pública abre un conjunto de alternativas que van más allá de la simple instalación y utilización de las herramientas de ofimática en los departamentos del Estado venezolano. El estudio y desarrollo de tecnologías de información libres debe ayudar a que se desplieguen un conjunto de oportunidades para reimpulsar la progresiva transformación de la gestión pública, con miras al fortalecimiento del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y con el horizonte de un Proyecto Nacional de carácter Socialista. Por ello, resulta necesario explorar los procesos que se pueden reimpulsar como resultado de la aprobación de esta Ley, y como resultado del apoyo continuado que el Gobierno Bolivariano le ha proporcionado a la apropiación de las tecnologías libres en nuestro país.

  1. Reforzar una política de fomento del estudio del impacto educativo, económico y social del desarrollo, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información libres.

La implementación de una Ley que establece la utilización de software libre en la administración pública, pone en el tapete la necesidad de establecer los planes de migración y de adiestramiento de los funcionarios públicos para el uso de las herramientas libres más conocidas, como por ejemplo, los paquetes de ofimática. Pero así mismo abre una nueva oportunidad para impulsar los estudios sobre el impacto social de las tecnologías de información libres en la sociedad venezolana. Esto se traducirá en investigaciones en el campo de la relación entre tecnología y sociedad, y proporcionará insumos para la creación de planes y programas que contribuyan en mayor medida con la apropiación social del conocimiento tecnológico, lo cual resulta especialmente pertinente para las áreas de educación básica, técnica y profesional.

El proceso de desarrollo, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información libres debe estar acompañado de la formulación de políticas que incentiven y fomenten el estudio del impacto comunicacional, educativo, económico y social que genera la adopción de estas tecnologías, puesto que no se trata de la recepción de una tecnología más, sino de la puesta en marcha de un sistema tecnológico que posibilita la libertad cultural y económica de la Nación. Por ejemplo, existen espacios en los que la Ley de Infogobierno resulta de particular interés, como en la constitución de espacios de formación, a través del reforzamiento de las estructuras para realizar estudios a distancia mediante el uso de las tecnologías de información libres. Así mismo, en materia de salud representa una alternativa para consolidar las aplicaciones para la telemedicina; así como para disminuir los gastos para mantener operativos los equipos médicos de los ambulatorios y hospitales nacionales.

De ahí que el interés del Estado venezolano debe trascender la mera instalación y utilización del software libre, y debe traducirse en nuevos esfuerzos para impulsar el estudio y desarrollo de las tecnologías libres en nuestro país. Mucho más si tomamos en cuenta que, como hemos sugerido, el software libre representa una oportunidad para estudiar de qué manera las condiciones culturales, políticas y económicas en que vivimos actualmente en el mundo condicionan el desarrollo tecnológico de nuestra sociedad.

  1. Transcender el modelo basado en la “realización de trámites” y adoptar un enfoque que permita que la ciudadanía se involucre de forma participativa en la gestión pública.

La utilización de software libre por el Estado tiene además ventajas para la participación ciudadana, en particular para la propia administración de los recursos públicos, como por ejemplo a través de la generación de iniciativas populares para la formulación de los planes, así como también para acompañar la ejecución y el control de los recursos que se invierten. En este sentido, la generalización del software libre a través de la Ley de Infogobierno abre la posibilidad de que se institucionalice el aprovechamiento de herramientas que permiten una mayor integración entre los ciudadanos y la administración pública, pero en un sentido pleno que apunta a la consolidación de una sociedad democrática, participativa y protagónica.

Para que esto sea efectivo, es necesario complementar la concepción de “ciudadano como usuario” que todavía parece predominante en la definición de las relaciones entre los ciudadanos y la administración. La implementación de taquillas virtuales para la gestión de trámites administrativos ciertamente representa una mejora importante en cuanto a la prestación de servicios por parte del Estado, y la adopción de software libre apuntalará esta tendencia, haciendo que las solicitudes que deben registrar los ciudadanos puedan realizarse de forma cada vez más eficiente e interoperable.

Pero así mismo es necesario tomar consciencia de dos aspectos importantes. En primer lugar, la gestión pública debe tener un carácter democrático y participativo, de modo que trascienda de un modelo basado en la “administración de los recursos públicos” a un modelo que busca la “gestión popular de gobierno”. Existe una diferencia entre ambos modelos. En el segundo, la participación ciudadana va más allá del control de los recursos financieros y mira hacia una participación integral que tenga impacto político en la dirección de la vida en colectivo. De ahí que con la aprobación de la Ley de Infogobierno sea necesario revisar y reimpulsar los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de gobierno.

El otro aspecto a considerar es la variedad y versatilidad de las herramientas existentes en software libre. Si sólo pensamos en herramientas para la gestión de solicitudes no estaríamos apreciando las múltiples alternativas existentes para el manejo colaborativo de la información. Hoy día es viable implementar herramientas en software libre para las realización de consultas a través de foros, encuestas, e incluso por medio de sistemas de votación; pueden crearse plataformas “sociales” para el intercambio de información y para la creación colectiva de contenidos, y también pueden dictarse módulos de educación a distancia. Las empresas de software privado no difunden esta clase de herramientas porque no son suficientemente “rentables”; bien porque no son lo bastante populares (en general, el concepto de “gestión participativa” continúa siendo ajeno a la estructura del Estado tradicional), o bien porque no pueden ganar la competencia frente a las alternativas en software libre.

Todo esto quiere decir que el software libre puede apoyar procesos de participación colectiva en la gestión de gobierno, a través de su implementación en actividades de consulta que sirvan para apuntalar procesos como la autolegislación popular, o la participación de las comunidades organizadas en procedimientos de contraloría social de los servicios públicos y las empresas privadas. No obstante, existe un ámbito que integra todos los anteriores y que aún continúa en buena medida inexplorado: las herramientas colaborativas en software libre pueden cumplir el papel de proporcionar la base tecnológica que requieren las organizaciones de gobierno comunal para mejorar sus procesos de respuesta y de integración. De ahí que representen una herramienta indispensable para la consolidación del Poder Popular, con miras a la construcción de un Estado Comunal.

  1. Todo lo concerniente al desarrollo, adopción e implementación de tecnologías de información por parte del Estado debe ser “libre”.

Si bien pudiera parecer repetitivo insistir en este punto, no lo es. Continuar la adecuación de la plataforma tecnológica del Estado hacia herramientas de software libre encuentra obstáculos que no son tanto de índole económica o técnica, como orden jurídico y cultural. Cualquier plan de migración a software libre tiene que abordar la “resistencia al cambio” de funcionarios que seguramente conocieron por primera vez una computadora con software privado preinstalado, por lo cual muchos de ellos ni siquiera tienen noticia de que existen alternativas libres, en buena parte como consecuencia de las prácticas monopólicas de las corporaciones. Por otra parte, la práctica de la legislación venezolana todavía no es completamente favorable a la aceptación de software libre, y existen empresas públicas que ven con desconfianza la inversión en cualquier desarrollo cuyos resultados podrían ser después liberados públicamente.

Incluso, está quien pregunta si las alternativas en software libre son una respuesta suficiente para la soberanía tecnológica de la Nación, o si el software libre es equiparable al software privado en cuanto a sus debilidades técnicas. La respuesta debe ser clara: lo único que apunta a garantizar la soberanía de la Nación es que nuestros dirigentes y nuestros técnicos puedan tener acceso y control sobre el código de las herramientas tecnológicas utilizadas. Esa posibilidad está negada de antemano con el software privado, pero en cambio puede potenciarse ilimitadamente con la adopción de software libre.

Claramente, existen casos de casos. La posibilidad de liberar un desarrollo de software que recibió financiamiento público decrece cuando atañe a la seguridad de la información de los Poderes Públicos, del Poder Popular o de empresas del Estado que deben subsistir en un ambiente de competencia de mercados. De ahí que ganar conocimiento sobre las herramientas de software libre supone obligatoriamente la apropiación crítica del sentido político y jurídico del tema del conocimiento libre, habida consciencia de que es necesario evitar una interpretación que ponga en riesgo la estabilidad y la seguridad de la Nación.

  1. Impulsar la colaboración entre entes del Estado en el impulso de las tecnologías de información libres.

Si releemos lo escrito hasta aquí, tenemos que las tecnologías de la información libres son favorables para el país en cuanto que benefician la transformación de la gestión pública a partir de la implementación de nuevas alternativas tecnológicas y, sobre todo, a través de la apropiación social del conocimiento. No obstante, esto no será posible si no se parte de un enfoque integral y no sectorizado de la gestión de gobierno. En otras palabras, las tecnologías de la información libres pueden ayudar a dar forma a ejercicios de gobierno más participativo y mejor articulados socialmente, pero para ello es necesario adoptar una perspectiva que permita la acción coordinada entre todos los actores críticos del Poder Público y del Poder Popular.

Si se asume que el hecho tecnológico es transversal a todo el quehacer nacional, es decir, que la tecnología está presente en escenarios diversos, tales como la práctica médica, los procesos de formación educativa, la producción de bienes y servicios, el establecimiento de relaciones comerciales o en las formas de organización social, entonces es pertinente pensar que las tecnologías de información libres juegan un papel determinante en el impulso de todas las áreas prioritarias para el país. En este sentido, es primordial que todos los entes y órganos de la administración pública colaboren entre sí para impulsar el estudio, desarrollo, uso y apropiación de las tecnologías libres, y que se supere con ello la práctica convencional de atribuir a determinada institución una tarea que compete a todos.

Esto quiere decir que el impulso de los aportes que deben fomentar las tecnologías libres, no puede considerarse como responsabilidad exclusiva de uno o de dos ministerios, por importante que sea su función, sino que debe abordarse de forma articulada como una estrategia integral de gobierno. Por ejemplo, es posible que nadie conozca las necesidades de organización y de formación del Poder Popular como el ente rector en la materia, las gobernaciones de los estados, y los propios órganos de gobierno comunal. Así mismo, las necesidades de vivienda o servicios públicos son mejor conocidas por los ministerios a los que les compete darles respuesta. Por lo tanto, es posible que si el despliegue de las tecnologías libres queda en manos de un ente sectorial no se pueda cumplir cabalmente la tarea urgente de llevar sus resultados positivos a todos los ámbitos de desarrollo de la sociedad.

  1. El Estado debe definir las normas y mecanismos para el licenciamiento y la protección de las tecnologías libres.

El desarrollo e implementación de las tecnologías de información libres demandan, del aparato gubernamental venezolano, la estructuración de procesos que garanticen su protección ante posibles acciones de privatización y explotación comercial no autorizada. Con ello se enfatiza la necesidad de profundizar la discusión sobre los mecanismos de licenciamiento que definan las condiciones a través de las cuales se hará la transferencia de derechos sobre los resultados del ingenio creativo. Al respecto, es pertinente comentar que el ordenamiento jurídico venezolano no establece prohibición alguna sobre el uso de licencias libres y, contrariamente, sostiene todo un sistema que garantiza la protección de la propiedad intelectual que se genera por la creación de una obra científica, literaria, artística o humanística. No obstante, las licencias libres implican un reconocimiento al derecho moral que ostenta el creador y representan una manifestación de voluntad unilateral de renunciar al derecho individual de explotación económica que le asiste en virtud del marco de propiedad intelectual vigente en el país. A razón de ello, el creador libera su obra permitiendo que otros la usen, la copien, la modifiquen y la distribuyan; exigiendo sólo a cambio el reconocimiento de la autoría y la preservación, en las obras derivadas, de las libertades otorgadas inicialmente.

La adopción de un esquema de licencias se viene pensando desde hace algunos años en Venezuela, específicamente desde que se le imprime carácter nacional al uso y desarrollo de software libre en la Administración Pública, y es de innegable importancia para el logro de la soberanía e independencia nacional. La concepción de tecnología libre pone de manifiesto la necesidad inmediata de estudiar y analizar la diversidad de licencias libres que existen a nivel mundial para proteger el conocimiento que se genera y que puede materializarse en desarrollos de software o hardware, documentos, audios, videos, entre otros. Este proceso nos acerca a propuestas planteadas por organizaciones como la Free Software Foundation o Creative Commons, que parten de fundamentos conceptuales acordes con la política nacional y son compatibles con el ordenamiento jurídico venezolano.

Ahora bien, la discusión sobre el tema de las licencias libres ha avanzado y actualmente existe una propuesta para otorgar jurisdicción venezolana a las licencias Creative Commons. Sin embargo, ello no es suficiente, pues con el advenimiento de una Ley como la que ocupa nuestra atención en estos momentos es necesario dirigir la mirada hacia la configuración de esquemas institucionales y legales nacionales, que no hagan depender la defensa y cuidado de nuestras creaciones científicas y tecnológicas de esquemas de protección foráneos, que responden a un contexto distinto al nuestro, sino que por el contrario tengamos una estructura jurídico-administrativa robusta que nos permita liberar todo cuanto se cree en el país.

Así mismo, es necesario insistir en que la adecuación de las tecnologías a las necesidades del Estado debe pasar por un proceso de revisión crítica que permita potenciar sus beneficios. Uno de los temas que debe revisarse es el reconocimiento y protección de los conocimientos y tecnologías que son considerados “libres”. Muchas veces se define el conocimiento libre a partir del molde de las “cuatro libertades del software” ideadas por la Free Software Foundation. Pero es necesario insistir en que ese tipo de licenciamiento no es aplicable por igual a toda obra del intelecto humano. Así mismo, se toman con poca crítica las recomendaciones de organizaciones como Creative Commons, que indudablemente representa un buen apoyo, pero cuyos valores e intereses no necesariamente son idénticos a los que nosotros perseguimos como Nación.

El estudio reflexivo de las normas para la protección del conocimiento libre nos abre la posibilidad de revisar críticamente la historia y actualidad de nuestro marco jurídico. Por ejemplo, reconocer la dependencia que hemos orquestado con respecto a las organizaciones multilaterales que explícita o tácitamente se posicionan como defensoras de los derechos de propiedad intelectual (tales como la World Trade Organization), y que por tanto juegan a favor de las compañías transnacionales, es suficiente como para iniciar un proceso de revisión del marco jurídico venezolano en esta materia. Por otra parte, si apuntamos a la formación de otra clase de sociedad, es necesario examinar cómo estos temas influyen también en el ámbito de la producción y de las relaciones de trabajo. A fin de cuentas, todo conocimiento debe ser “libre” por naturaleza, y la razón de que utilicemos ese adjetivo se encuentra en el predominio de un conjunto de condiciones sociales y culturales que, en el mundo capitalista, han sido creadas para cerrar el acceso al conocimiento para las mayorías en beneficio de una lógica mercantilista.

Nota: publicado el 30/05/2013 en http://www.aporrea.org/tecno/a167056.html y el 31/05/2013 en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=168981.

Imagen: MINCI.

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